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OPINIÓN. Diputadas al Congreso


Sara Lovera
México DF, julio 30 de 2012.
La LXII Legislatura que iniciará en septiembre próximo, contará con casi 37 por ciento de mujeres de seis distintos partidos políticos. En total 183, según el análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG), cifra que podría variar a favor o en contra, tras procesos que están en disputa.
 
Esto es ocho puntos porcentuales más que en la actual legislatura. Ello, dice el CEAMEG, sólo y nada más porque los partidos políticos fueron sentenciados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) a simplemente cumplir con la ley. Los partidos siguen en actitud de resistencia para otorgar en tiempo y forma el 2 por ciento de sus ingresos -prerrogativas de ley- para asegurar la capacitación de nuevas líderes. Además de sus tradicionales mecanismos de control o su ignorancia supina respecto a los derechos de las mujeres.
 
También los partidos, cuellos de botella para la participación política de las mujeres, si los dirigen los hombres tradicionales, pondrán escollos para avanzar en hacer efectivas leyes que hoy son solamente de papel y que podrían ser aplicadas, mitigar el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos. Una demanda central es legalizar el aborto.
 
De los partidos Revolucionario Institucional y Verde de México (PRI-PVEM), si logran tener acuerdos en el Congreso, habrá 83 mujeres que pueden no tener la misma visión, pero si alianza; de la izquierda 50 mujeres y de la derecha tradicional 36. Es decir un cúmulo de mujeres que podrían hacer la diferencia. Se ha llegado a sólo 4 dígitos del 40 por ciento de ley, pero al mismo tiempo esta vez se rebasó el ansiado 30 por ciento que ha propuesto la ONU como mínimo para asegurar una masa crítica femenina en las cuestiones de Estado.
 
Lo grave de este asunto es que muchas mujeres llegan a las cámaras sin ningún interés por los derechos humanos de las mujeres. Con franjas de desconocimiento elemental sobre éstos y con visiones distorsionadas de la oportunidad de poder usar su curul y la tribuna para empujar y resolver los problemas de la desigualdad. No se trata de que lleguen y ya. Esto es un pendiente histórico.
 
Si la gran mayoría de las que serán diputadas pertenecen a institutos políticos conservadores, como PRI, PVEM y el Partido Acción Nacional (PAN), no podemos estar muy contentas. Todas las que vienen de esta ideología torcida serán 123, o sea, la perspectiva es más bien negativa frente al tamaño del reto, aunque podríamos pensar que muchas pueden actuar con autonomía.
 
La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre violencia indica que cerca de 18 millones de mexicanas sufren algún tipo de violencia en sus hogares, sin considerar los millones de mujeres afectadas por la cadena de violencia institucional, los apresamientos ilegales, las desapariciones, las asesinadas (más de 2 mil al año) y por supuesto las que viven violencia por el sólo hecho de ser pobres, indígenas o sin opciones por edad, etnia o condición social y familiar.
 
Las cifras y los retos
 
Las mujeres ganaron en elecciones de mayoría, votadas por quienes acudieron a las urnas el 1 de julio, 91 y 92 llegarán por la vía de las listas plurinominales.
 
En la mayoría, 45 por la coalición PRI-Verde; 18 más por el PRI; del Frente Progresista -Partido de la Revolución Democrática (PRD) Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)-, 20 mujeres, y 8 del PAN.
 
Las que llegaron por lista (92), la mayoría fue de Acción Nacional con 28; luego el PRI con 23; PRD con 21; el PT llevará cinco; el MC cuatro, y por la votación conseguida el Partido Nueva Alianza, otras cinco, ninguna de ese partido ganó de mayoría.
 
Es decir, habrá una bancada femenina muy plural, que afrontará nuevos retos especialmente lo que significa desafiar a sus entidades de la República para armonizar las leyes de violencia e igualdad en códigos, constituciones, reglamentos, ideas, muy desiguales y que con frecuencia significan atajos para lograr poner en práctica lo que se acuerda desde el centro. Un gran problema.
 
Las fuerzas femeninas y los abogados del país, en entidades muy dispares, no reconocen que la máxima ley para garantizar la igualdad y los derechos humanos a las mujeres es la Constitución, avanzada años luz respecto de las legislaciones locales.
 
El otro problema que las diputadas tendrán que enfrentar es cómo llegar a un acuerdo para presidir las comisiones estratégicas. La de Feminicidio, la de Equidad y Género, el partido que dirigirá el CEAMEG y otras comisiones tan importantes como desarrollo social, salud, migración, población, seguridad y presupuesto donde las mujeres con conciencia de mujeres podrían hacer la diferencia.
 
Ello no significa desaprobar la importancia simbólica de esta bancada de 183 mujeres, tras muchos años en que las mujeres no llegaban a más del 20 por ciento, las que se ganaron el nombre de “juanitas” por renunciar inmediatamente para dejar el lugar a un varón –lo que no se podrá hacer hoy- y la sensación de incomunicación sistemática, por la falta de interés en las cosas de la mitad de la población.
 
Algunos grupos de mujeres ya festejan estos números. Los muchos años de esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por promover la ciudadanía femenina están dando frutos.
 
Lo contrario a esta sensación satisfactoria, es saber que lo que en el país se juega en estos tiempos, es la gobernabilidad, la violencia y, por supuesto, la democracia. Saber que el proceso presidencial es al menos ilegítimo, porque precisamente en la venta y coerción del voto, las mujeres del pueblo fueron fundamentales, su doble carga, su dependencia milenaria y su pobreza, no las coloca como actoras para la democracia sino todo lo contrario.
 
Este también es un escollo que no se puede evadir. No festejar, sino asumir el tamaño del problema del país, es lo que ahora toca. Veremos.
 
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Suplemento Letra S

No. 220 | noviembre 06 de 2014
Violencia sin maquillaje.Recientemente se reformaron algunos aspectos del reglamento operativo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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