Recientemente los candidatos a la Presidencia de la República se pronunciaron sobre el tema del matrimonio y derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI), en su reunión con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
La abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, respondiendo acorde a la ideología de su partido, señaló que ella defenderá el tipo de familia al cual pertenece, difundiendo así un mensaje de discriminación a las familias diversas.
Enrique Peña Nieto, candidato de los partidos Revolucionario Institucional y Verde de México, se deslindó del tema al afirmar que dejaría que las distintas entidades, mediante sus respectivos congresos locales, aprueben o no sobre dichos asuntos, que son prioritarios para la diversidad sexual e identidad de género.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas –Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano– se pronunció a favor de defender el Estado laico y el referéndum en caso de ser necesario. Gabriel Quadri, candidato del Partido Nueva Alianza, lanzó un discurso a favor de estos sectores y sus derechos.
Ante este panorama, cabe la pregunta: ¿qué factores sociales y políticos influyen para que un candidato o gobernante se pronuncie a favor o en contra de los derechos de las personas del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI)?
La historia de la lucha sociopolítica por los derechos de las personas LGBTTTI en México ha sido mediante un proceso deliberativo impulsado desde los propios actores sociales que viven y luchan por los derechos de la diversidad sexual e identidad de género, el cual se ha ido posicionando en la esfera pública y política de nuestro país a través de los años y que ha destacado en la Ciudad de México por sus avances legislativos y sociales.
Las declaraciones de Gabriel Quadri, enmarcadas en una pose de benevolencia y conmiseración hacia las personas LGBTTTI, no deberían distraernos pues en política los artificios oportunistas suelen tener un interés particular y ser utilizados para gozar los privilegios del poder que se disputa, en este caso mantener el registro y prebendas del partido político relacionado con Elba Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Sus declaraciones, es obvio, constituyen parte de una estrategia para atraer votos de los electores ingenuos y de ninguna manera resulta confiable su propuesta política. Es evidente la pretensión de Quadri por imitar el estilo de Patricia Mercado adoptado hace seis años como candidata de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con la diferencia de que ella sí es una activista social, mientras que él representa los intereses de una lideresa sindical que ha sido señalada por ser parte de lo más detestable de esa clase llamada “los políticos de siempre”.
El caso de Quadri nos hace recordar que en el proceso deliberativo histórico mediante el cual se ha posicionado el debate a favor de los derechos LGBTTTI, muchos personajes políticos han utilizado el tema de manera oportunista para obtener ventajas personales y de grupo, al hablar a favor de los derechos de cierto perfil del electorado que ha sido ignorado por otros.
El movimiento por la lucha de los derechos LGBTTTI, para lograr los actuales avances en las legislaciones –tanto local como federal– y en lo social, ha tenido que enfrentar dos elementos, que resultan necesarios tomar en cuenta: la moral particular de los políticos y gobernantes, construida con base en prejuicios, ignorancia y homofobia, producto de la cultura patriarcal dominante, a través de la cual se asoman las posturas conservadoras y judeocristianas; y por otro lado sus intereses particulares, ideológicos y de grupo, muchas veces bajo la idea de la existencia de una moral dominante en la sociedad que aparentemente castigaría las decisiones de los políticos por parte del electorado si se pronuncian o actúan a favor de estos temas.
Paralelo a esta realidad política, desde los sectores más conscientes de la sociedad se ha fomentado un trabajo deliberativo público sobre estos temas y provocado que sus actores, las propias personas LGBTTTI, hablemos al respecto, lo cual ha implicado salir a las calles, la academia, las marchas del orgullo y tomar espacios de disputa política, entre otras muchas acciones de visibilidad, como las candidaturas donde las figuras públicas homosexuales, lésbicas y transgénero han contribuido a la deliberación, fortalecida por acciones públicas de empoderamiento, como el atrevimiento de confrontar a la autoridad y las mismas expresiones de homofobia social y política.
En el proceso de lucha histórica por los derechos LGBTTTI ha quedado en entredicho si en realidad los gobernantes y políticos suelen asumir estos temas sólo por interés personal y grupal de coyuntura o por una real defensa de los derechos humanos desde la convicción y la ética. Es evidente que en los discursos de los políticos (como los candidatos a la Presidencia de la República) prevalece lo señalado: son pronunciamientos medianos y conservadores.
Ahora, ante dichos pronunciamientos políticos, ¿cuál es el papel de las personas y organizaciones LGBTTTI? y ¿cuál es la postura más conveniente para avanzar en el reconocimiento de los derechos? Algo cierto es que queda en evidencia cómo las prácticas políticas que he señalado han sido un obstáculo para la garantía de los derechos humanos de los sectores históricamente discriminados en México, en este caso las personas LGBTTTI.
Los avances que se han dado han sido en gran medida debido a los procesos políticos de deliberación que por años se han dado y esto no tiene camino de regreso, pues hoy la agenda se nombra y se seguirá nombrando en el debate y agenda política nacional. Es decir, se seguirá deliberando. Sin embargo, para garantizar que esto suceda así y acelerar el proceso de reconocimiento de derechos, es indispensable que los activistas y la sociedad civil asuman su responsabilidad y parte fundamental en el tablero social.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto del 2010, se pronunció sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México y ratificó su validez en toda la República Mexicana. Es decir, esto no puede echarse atrás mediante lo jurídico, menos porque un candidato se pronuncie a favor o en contra.
El mismo hecho de que los candidatos a la Presidencia de la República se pronuncien sobre el tema es un logro de años de deliberación del propio movimiento de la diversidad sexual e identidad de género, pues en la sociedad mexicana ya se ha logrado articular un discurso sólido en la cultura política, logro obtenido desde los propios activistas y organizaciones ciudadanas en el plano político, social, educativo, académico y periodístico. El hecho en sí es que hay una mayor incidencia y visibilidad que es notorio en el ser mencionados y nombrados bajo la óptica favorable a la igualdad y la no discriminación, visiones que antes eran poco relevantes.
Sin embargo en esta encrucijada social histórica, en este año electoral, la tarea para las y los activistas a favor de los derechos humanos es reconocer la historia y los procesos políticos por los que ha pasado México, reconocer a sus aliados sociales y políticos reales, que son los más progresistas y sus coordenadas están en los partidos de la izquierda; también es necesario mejorar la capacidad de afianzar los temas dentro de las coyunturas y del debate político, para apuntalar los pendientes legislativos y sociales, de manera particular en los diversos estados de la república.
Es necesario también desmarcar del discurso político estos entramados y elementos de la cultura política obsoleta: que los propios activistas no reproduzcan la cultura política tibia, poco objetiva, paternalista y conservadora en sus visiones, para que en sus declaraciones prevalezca el interés colectivo de las personas LGBTTTI y no el particular.
En el movimiento de la diversidad sexual e identidad de género muchas veces ha prevalecido la pugna de intereses personales por encima de las prioridades reales de los derechos LGBTTTI, lo cual ha contribuido a que muchos de los avances legislativos se trunquen, estanquen o avancen en medianos logros. Si a esto agregamos las posturas intolerantes y conservadoras que asumen algunos activistas conformistas que, autoproclamados vencedores en su zona de confort después de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, el resultado es más grave: es urgente revisar, valorar y actualizar la historia de lucha en los otros estados, el cómo se han ido obstruyendo los avances –como es el caso de los blindajes en diversas constituciones estatales por parte de legisladores de varios partidos políticos, sobre todo el PAN y el PRI– para evitar el reconocimiento legal de las parejas homosexuales.
Por esta razón histórica, en este proceso electoral es importante reconocer qué partidos han asumido su congruencia política. Los logros en materia de derechos para las personas LGBTTTI no ha sido el regalo de un político, ha sido producto de la deliberación pública del tema para que los avances de los derechos puedan darse en la sociedad, por lo que es necesario mantener esta dinámica colectiva con inteligencia y efectividad.
Es urgente que las organizaciones logren aglutinarse en un frente común o mediante un discurso fuerte de unidad para poder dar cara a cualquier tipo de acción propia de una cultura política que es urgente cambiar.
*Manuel Amador Velázquez es Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, así como activista por los Derechos Humanos del colectivo LGBTTTI.
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