En Quintana Roo, mil 340 niñas embarazadas por violación no pueden abortar: Secretaría de Salud local

El año pasado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) registró 881 menores de edad embarazadas por violación en Quintana Roo (QR). En lo que va del presente, se han contabilizado 459, lo cual da un total de mil 340 embarazos derivados de abusos sexuales, señaló Lluvia Cervantes, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser).

 

En medio de un mitin realizado frente a la Representación del Gobierno de ese estado por el caso de Amalia, niña de 11 años violada por su padrastro y con un embarazo de seis meses, la activista difundió las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud de QR.

 

De acuerdo con los representantes de Ddser, el DIF ha prohibido a las menores acceder a la interrupción de los embarazos a pesar de que las recientes reformas a la Constitución local permiten la causal de embarazo para mujeres que han sido víctimas de violación.

 

Leticia Cuevas, señaló a NotieSe que ante esta situación, por medio de la red de activistas que hay en 12 estados del país se vigilarán las actividades del DIF en sus albergues ya que saben que en estados como Oaxaca hay refugios administrados por el DIF en los cuales hay niñas embarazadas por violación y no se les da la opción de interrumpir su embarazo.

 

La activista agregó: “Tenemos que exigir en todos los estados monitoreos específicos al DIF para saber que información se le da a las niñas que llegan ahí, ya que son las más desprotegidas por ser de escasos recursos”.

 

En torno al caso de Amalia, la integrante de Ddser culpó al DIF debido a que en estos casos tiene una mayor responsabilidad que la madre y ellos tenían que haber proporcionado la información.

 

“Vamos a vigilar la institución para ver cómo se hacen los procedimientos porque esta causal debe ser respetada. Si no quieren criminalizar a las mujeres entonces que faciliten la interrupción en los casos en los que es legal”, aseguró la defensora de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

 

En texto entregado a la titular de la sede, Miriam Moreno, se exige una investigación sobre el desempeño del DIF en la entidad, así como la rendición pública de cuentas de la institución en el caso de Amalia.

 

A su vez, se solicita que el DIF tome sus decisiones en base a las leyes mexicanas y no a precepto religiosos, la realización de protocolos de actuación institucional para casos similares al de Amalia, la implementación de políticas responsables y formales de atención integral a las mujeres.