México DF,
abril 27 de 2010.
Ante las reformas constitucionales en 18 estados de la República que prohíben el aborto, es necesario evitar la modificación de los Códigos Penales que buscan criminalizar este derecho, señaló Pedro Salazar, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el Seminario Latinoamericano por el Derecho a Decidir de las Mujeres, realizado para conmemorar el tercer aniversario de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Salazar Ugarte, subrayó la necesidad de convencer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que las leyes antiaborto “rebajan” los derechos fundamentales de las mujeres.
Agregó que debe apoyarse, promoverse y difundirse la iniciativa de reforma constitucional aprobada por el Senado en materia de derechos humanos ya que “abre una ventana para discutir la agenda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, mencionó que “los gobiernos deben garantizar políticas públicas que salven vidas” y llamó a la sociedad civil de todo el país a sumarse a esta lucha debido a que la Ciudad de México se ha convertido en una “isla” de derechos fundamentales como es el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Lamentó que de acuerdo al estado de la República en que las mujeres residan sean consideradas ciudadanas de primera o de segunda, por lo que consideró necesario que la ILE tenga vigencia en todo el país.
Por su parte, Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, aseguró que la penalización del aborto en 18 estados de la República es una “aparente respuesta jurídica”, debido a que estas reformas no tienen contenido jurídico del cual preocuparse sino más bien es una cuestión política, detrás de la cual está la Iglesia católica.
“Este mensaje político se está convirtiendo en una cárcel para las mujeres que deciden sobre su cuerpo”.