Ministra Sánchez Cordero estudia sentencias de matrimonio gay en otras Cortes del mundo

Las sentencias que dieron ya los tribunales supremos de Alemania, España y Colombia respecto a las uniones legales entre homosexuales serán analizadas por Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto para estudiar la acción de inconstitucionalidad contra los matrimonios gay interpuesta la semana pasada por la Procuraduría General de la República (PGR).

 

En entrevista después de la inauguración del Foro sobre la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, realizado en la SCJN, Sánchez Cordero señaló a esta agencia que aún no puede adelantar el criterio que tomará en la acción de inconstitucionalidad. De lo contrario, no participaría en la discusión, y “no me quiero excusar de resolver el tema”.

 

No obstante, la ministra aseguró que tendrá “a la vista” los “argumentos torales” que fijaron ya otros tribunales constitucionales del mundo.

 

Mencionó que ella fue invitada por la presidencia del máximo tribunal germano cuando éste declaró, con argumentos “estrictamente jurídicos”, la constitucionalidad de las uniones del mismo sexo. Además dijo que desea hacerse cargo de la traducción de la sentencia alemana.

 

Por su parte, Alberto Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció porque el matrimonio gay sea “un debate de altura y civilidad”. Llamó a los defensores y opositores del matrimonio homosexual a no emitir calificativos discriminatorios, ni por razones de orientación sexual, ni por religión.

 

En tanto, Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, declaró que de acuerdo a la Constitución, “todos, desde que nacemos, ya venimos con el paquete de derechos, no nos los otorga nadie”.

 

Sin embargo, advirtió, la PGR argumenta que el matrimonio entre “hombre y mujer” se encuentra establecido en la Constitución, no así las uniones homosexuales, y en consecuencia tendría que incluirse la palabra “personas” en la Ley Suprema del país.

 

A su vez, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), reprobó las expresiones de intolerancia y “odio” manifestadas entre opositores y defensores del matrimonio gay, pues en una sociedad democrática se debe respetar la diversidad sin disminuir las convicciones propias.

 

Según Bucio, el matrimonio homosexual reaviva la necesidad de revisar el pacto constitucional en materia de Estado laico y sirve para elevar la calidad de la democracia. “Celebro por un lado que la PGR haya presentado la acción de inconstitucionalidad porque si tiene una duda razonable debe cumplir con sus facultades, y por otra porque sí puede permitir a nivel público que el tema no solamente se haga un asunto de conflicto social”.

 

El funcionario federal confió en que la Corte resuelva la controversia en función de lo establecido por el artículo 1 de la Constitución.

 

Entrevistada por NotieSe, Marcela Lagarde, ex diputada federal y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que la aprobación del matrimonio civil de parejas lésbico-gay el 21 de diciembre de 2009 fue “una decisión democrática de un órgano de representación ciudadana”.

 

Lagarde consideró que la Constitución no tiene “cortapisas” en materia de orientación sexual y acceso a “derechos plenos”. En consecuencia, la Corte tendrá que refrendar el Estado laico y sentar un precedente.

 

Opinó que el procurador Arturo Chávez Chávez, recordado por contribuir a la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha jugado un papel “nefasto” al promover la inconstitucionalidad, a solicitud de “algunos” grupos católicos y evangélicos.

 

La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR ante la SCJN para invalidar en el DF el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a adoptar hijos, fue recibida en días pasados por el ministro Sergio Valls Hernández, quien será el responsable de recibir los alegatos y de iniciar el análisis de la demanda para después elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.