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La ley de protección al sexoservicio molesta a trabajadoras sexuales


  • Las trabajadoras no fueron tomadas en cuenta
  • Exigen que se modifique la ley
  • Rafael Villanueva
    agosto 13 de 2007. Víctor Hugo Círigo y Juan Bustos, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD), propusieron una iniciativa de ley con el fin de derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del DF, la cual manifiesta que se infraccionará a quien invite a la prostitución, la ejerza o solicite dicho servicio, esto con la finalidad de crear la Ley de Protección al Sexoservicio para el Distrito Federal.

    Entre los derechos que incluye esta iniciativa de ley a las y los trabajadores del sexo comercial (TSC) se encuentran: respeto a su vida privada, identidad y confidencialidad, no ser discriminados, a recibir protección por parte de las autoridades para salvaguardar su identidad, a un trato respetuoso, a información sobre salud sexual, a no entregar retribución económica alguna que obtengan por ejercer el trabajo sexual, a formar parte de los programas sociales del gobierno, a respetar su dignidad para evitar toda forma de extorsión, explotación, detección arbitraria, vejación y tratos crueles, y a vivir una vida libre de violencia, incluida la de tipo sexual.

    Las obligaciones estipulan que las y los sexoservidores no podrán ejercer el trabajo sexual seis semanas antes y después de dar a luz, sólo podrán ejercer en los perímetros autorizados, deberán ejercer esa práctica sólo con el uso del condón, no podrán ofrecer sus servicios a menores de edad, no deberán ofrecer sus servicios bajo los efectos de droga o alcohol y tendrán que abstenerse de participar en actividades de corrupción a menores, lenocinio, pornografía infantil y prostitución infantil.

    Las y los trabajadores sexuales no fueron tomados en cuenta por los diputados para elaborar esta iniciativa de ley, razón por la cual Elvira Madrid de Brigada Callejera, que trabaja con TSC de La Merced y Alejandra Gil de APROASE, organización que atiende a trabajadoras sexuales de Sullivan, solicitaron reunirse con los diputados Juan Bustos y Víctor Hugo Círigo para manifestarle su descontento ante esta nueva ley.

    En entrevista con NotieSe, el diputado Juan Bustos dijo que aún se está concluyendo la remisión de la propuesta. “Faltan las modificaciones que podrán hacérsele, para después dictaminarla en comisiones unidas e integrar un Comité de Atención al Sexoservicio”, señaló.

    Al cuestionar al diputado sobre las y los trabajadores que presenten alguna infección de transmisión sexual mencionó que tanto las personas que ejercen el trabajo sexual como los usuarios toman las medidas pertinentes y agregó que en caso de que alguna de las o los trabajadores resultara infectado por el VIH habría que retirársele de la vía pública e integrarlo a los programas de asistencia a los que tiene derecho toda persona.

    Alejandra Gil, directora de APROASE, manifestó que lo primero que habría que hacer es “reconocer el trabajo como tal, desmenuzar los artículos para ver cuales están a favor y en contra de nosotros y realmente estar sentadas en las mesas de toma de decisiones”.

    “La propuesta de ley, desde el nombre lleva la discriminación. La época de la servidumbre ya se acabó, estamos en una época del capitalismo, por lo tanto somos trabajadoras sexuales” asegura Elvira Madrid, pero reconoce como avance que se eliminen las sanciones de la Ley de Cultura Cívica.

    Crisna, trabajadora transexual independiente e integrante de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, consideró que la ley discrimina a la mujer en el artículo que dice que la mujer que ejerce el trabajo sexual no podrá hacerlo seis semanas antes del parto y seis después de haber dado a luz. “Una mujer no sale a ejercer ese trabajo por su gusto, sale por necesidad, debe garantizarse un apoyo económico y social para aquella mujer que se ve orillada a ejercer el trabajo”.

    Es importante recalcar que esta iniciativa de ley aplica únicamente para las y los trabajadores sexuales que ejercen en la vía pública y deja fuera a quienes trabajan vía internet o trabajadores independientes como los “escorts”.

    Alejandra Gil dijo que obligar a hacerse exámenes de VIH, destinar lugares específicos para el trabajo sexual y crear un comité conformado por puras personas del gobierno sin tomar en cuenta a los TSC es discriminar y estigmatizar.

    Elvira Madrid ha manifestado su descontento con esta nueva ley al decir que: “eso de invitarnos a los programas de madres solteras, de formar parte de los programas sociales de Gobierno, de ofrecernos protección y recibir un trato respetuoso no es nada nuevo, ¿qué acaso no teníamos derecho?; si todas somos ciudadanas. Otra cosa que tampoco me gusta que las y los sexoservidores deben trabajar a más de 300 metros de Iglesias, escuelas, viviendas, eso no es justo porque aquí es libre tránsito, y si no que nos digan si hay ciudadanas de segunda categoría”.

    Algunas organizaciones feministas y de la sociedad civil, mediante un escrito con 260 firmas entre las que destacan la de la ex diputada federal Marcela Lagarde y la de la periodista Lydia Cacho , exhortaron a los asambleístas del DF a no legalizar la prostitución por considerarla una práctica violenta hacia las mujeres. El escrito sostiene que “no hay excusas para la violación, el pago no hace que deje de ser esclavitud y violencia, aunque ese cuerpo humillado se compre sólo por un rato”.

    En respuesta, el diputado Bustos considera que “es una posición muy respetable, pero extremista. No podemos desconocer la existencia de la prostitución porque sería una posición muy retrograda. A los derechos humanos internacionales mas bien les corresponde impulsar una legislación en la materia”.

    Aún está pendiente una segunda reunión de los diputados con las y los trabajadores sexuales, donde se le dará lectura a la ley, pero ya con las modificaciones convenientes.

    Suplemento Letra S

    No. 219 | octubre 02 de 2014
    Una guía para el trayecto La sexualidad es una parte integral de las personas y el caso de la población migrante no es la excepción.
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