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Reconocer todas las formas de Convivencia


Por Antonio Medina
Viernes, julio 28 de 2001. "Las leyes no están hechas para gente como nosotros, --comenta dolido Gustavo--, eso lo constaté cuando murió Miguel, mi pareja." Cuando eso sucedió, a Gustavo no le quedó nada. Los familiares directos de Miguel recibieron los seguros de vida y se llevaron la mayoría de sus pertenencias. Miguel murió debido al sida y los más de cinco años de convivencia con él no contaron para nada a la hora de fijar los derechos de sucesión ni los de arrendamiento, pues el casero se negó a traspasar el contrato de renta a nombre de Gustavo porque "ni era su cónyuge ni su familiar" como ahí se estipula. A la pena de perder a su pareja, Gustavo tuvo que añadir el despojo de sus bienes y el desalojo del hogar compartido, como si se quisiera borrar todo rastro de su relación "ilícita" con Miguel.
La crisis del sida ha vuelto dramática la desprotección jurídica que padecen las parejas formadas por personas del mismo sexo, en particular aquellas llamadas "serodiscordantes" donde uno de los miembros es portador del VIH. Desde el comienzo de la epidemia, historias como la de Gustavo se repiten con frecuencia. A la par de intento por culpabilizarlos de diseminar el virus, muchos gays han visto perder sus bienes al mismo tiempo que a sus parejas, no tienen la posibilidad de extender su seguro
social a su cónyuge enfermo, y ni siquiera les es permitido asistirlo en la última etapa de la enfermedad. Esta situación, por ser la más grave, es la más evidente, pero no la única. Otro tanto sucede con las parejas lésbicas y con otras formas de convivencia no convencionales o diferentes a las reconocidas por las leyes. Pero más allá de las situaciones extremas que pudieran justificar la defensa de un derecho, existe el hecho de que en una sociedad democrática como la nuestra, aún se excluye a un grupo de la población del ejercicio de los derechos que goza el resto. Claudia Hinojosa, una de las activistas más reconocidas del movimiento lésbico así lo plantea: "la ausencia de una figura que reconozca y proteja las relaciones entre personas del mismo sexo en el sistema jurídico actual, nos convierte automáticamente en ciudadanos y ciudadanas de segunda".
Esta toma de conciencia llevó el pasado 14 de febrero a múltiples organizaciones de la sociedad civil a presentar y apoyar una iniciativa de ley, la "Sociedad de Convivencia", que busca el reconocimiento jurídico a todas las formas de convivencia doméstica diferentes al matrimonio o al concubinato. Lo que sucedió ese día en la explanada de El Palacio de Bellas Artes no tiene parangón en nuestra historia. Encabezadas por la diputada independiente Enoé Uranga, quien presentó formalmente dicha
iniciativa a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) el pasado 24 de abril, cientos de parejas del mismo y diferente sexo ejercieron de manera simbólica su derecho a la visibilidad y protección legal de su unión en un acto masivo que rebasó las expectativas de sus organizadores.
No, no, no, no señor, yo no me casaré...
"... así le digo al cura, así le digo al juez", entonaban festivamente las lesbianas en las combativas marchas de los ochenta para expresar su rechazo al matrimonio. Hoy, 20 años después, tampoco se quieren casar pero sí buscan el reconocimiento jurídico a su situación conyugal en una nueva fórmula: la sociedad de convivencia. Se trata, explica la diputada Uranga a Letra S, "de una figura jurídica nueva que no interfiere en absoluto con la institución del matrimonio ni mucho menos la vulnera. Tampoco vulnera la práctica del concubinato en su estructura actual ni modifica las normas vigentes relativas a la adopción. Lo que pretende la propuesta es proteger una serie de derechos que hasta la fecha han sido negados a las formas de convivencia distintas de la familia nuclear." Es decir, no sólo beneficiaría a la población gay y lésbica sino también incluiría lo que Enoé Uranga llama "los acuerdos de convivencia modernos", formados por dos o más personas de igual o diferente sexo y no necesariamente unidas por vínculos de parentesco o sexuales. La condición es la convivencia por más de dos años bajo un mismo hogar y que manifiesten la voluntad de permanencia. Con ello, la legislación mexicana se abriría a todas las formas de convivencia doméstica existentes en nuestra sociedad. Según estimaciones de Rodolfo Tuirán, director general del Consejo Nacional de Población (Conapo), de los 22 millones de hogares mexicanos, 2 por ciento, es decir, cientos de miles, se conforma por "co-residentes" del mismo sexo y 5 por ciento de personas solas. Lo que da una idea del cambio en la composición de los hogares en México. Este tipo de uniones, comenta Tuirán a Letra S, "tienen el pleno derecho de no ser objeto de discriminación por orientación sexual o por cualquier otra razón".
La propuesta de sociedad de convivencia trata de proteger, en caso de fallecimiento de uno de los convivientes, los derechos básicos de él o la sobreviviente, como el derecho a la sucesión legítima y al arrendamiento, y en caso de grave incapacidad, el de tutela. Además, se trata de fortalecer los lazos de solidaridad en que se basa: los o las convivientes pueden, de manera voluntaria, adquirir la obligación de otorgarse asistencia mutua en caso de desempleo, despido o enfermedad, o decidir compartir la propiedad de sus bienes.
Para que este tipo de acuerdos tenga validez institucional, o pueda ser "oponible a terceros", la sociedad deberá registrarse ante el Archivo de Notarías del gobierno del DF. De esta manera, una pareja de mujeres, por ejemplo, podría tramitar un crédito para vivienda juntando sus ingresos.
Una propuesta de izquierda que entra con el pie derecho
Esta novedosa iniciativa de ley, entró con el pie derecho a la ALDF. De 66 diputados y diputadas que la conforman, 41 la respaldaron el día de su presentación al pleno de sesiones. Sin embargo, su discusión no se augura nada fácil, como era de esperarse la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Patricia Garduño, no la ve con buenos ojos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) carece de una posición sobre el tema; su coordinador, Armando Quintero, afirma estar preparando su propia propuesta, aunque calificó a la sociedad de convivencia como un paso adelante.
Luego de su presentación al pleno, la iniciativa de ley de Sociedad de Convivencia se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la propia Enoé Uranga, donde se consultará a un comité de expertos antes del dictamen y de su discusión durante el próximo periodo de sesiones a realizarse en septiembre.
Los juristas tienen la palabra
El abogado Pedro Morales Aché atiende desde hace varios años una veintena de casos relacionados con personas homosexuales que han perdido sus pertenencias después del deceso de sus parejas (la mayoría por sida). Se trata de una situación discriminatoria, ya que, según afirma, la ley no le está dando el mismo trato a dos situaciones (las parejas homosexuales y las heterosexuales) que en esencia son iguales, es decir: dos personas unidas sentimental o emocionalmente que hacen una vida en común. "En todos los casos que he llevado, se observa una notable discriminación hacia la persona que queda viva. La mayoría de las veces son despojados por los familiares del difunto de los bienes que fueron adquiridos en común, algunas veces de manera violenta, otras mediante engaños, quedando incluso algunos en la calle."
Morales Aché considera a esta situación materia de derechos humanos, que no tiene nada que ver con mayorías o minorías. "Con una sola pareja a la que le estén violando sus derechos, es suficiente para que se reconozcan efectos jurídicos a su relación, no importa si es el uno por ciento de la población, el cinco o el veinte." Por lo que considera que el poder legislativo le debe dar efectos jurídicos a ese tipo de relaciones.
Al jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Mario Magallón Ibarra, una propuesta como la de sociedades de convivencia no le sorprende, pues "las costumbres de la sociedad avanzan en sus derechos sociales y civiles". Sin embargo, no considera que una sociedad machista y tradicional como la mexicana esté preparada para este tipo de iniciativas. A pesar de ello, no duda que tarde o temprano se acepte porque "las sociedades en su evolución plantean fórmulas nuevas que son fundamentales para la convivencia moral de la sociedad".
¿Las leyes deben adaptarse a los cambios sociales, o éstos últimos someterse a su regulación? Para el abogado y doctor en Políticas Públicas, Andrés Roemer, autor del libro Sexualidad, derecho y política pública (Miguel Ángel Porrúa, 1998), "necesitamos actualizar las leyes y acoplarlas a la realidad que vive la sociedad del siglo presente". Al realizar su investigación, el académico encontró la existencia de leyes en los códigos penales y civiles del país que son "ridículas, desafortunadas y anacrónicas" al poner en desventaja de derechos a sectores de la población que no se insertan en esquemas o
comportamientos socialmente aceptados. Por ello --recomienda-- una propuesta como la Sociedad de Convivencia merece tomarse en cuenta y ser analizada de manera seria y respetuosa.

Suplemento Letra S

No. 216 | julio 03 de 2014
Es tiempo de rendir cuentas. En el 2000, los países miembros de la ONU fijaron ocho metas para impulsar el desarrollo de la humanidad.
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