Cada año, organizaciones de la sociedad civil acuden a la Cámara de Diputados para solicitar mayor presupuesto destinado al tratamiento y la prevención del VIH/sida. Gracias a este cabildeo, y a la tenacidad de algunas diputadas, dichos recursos se han multiplicado en pocos años. Sin embargo, la manera como se han ejercido ambos presupuestos no parece generar la misma movilización de la sociedad civil.

Suman ya varios miles de millones de pesos los invertidos durante años en tratamientos antirretrovirales y aún se desconoce el resultado de dicho gasto. No se sabe con exactitud, por ejemplo, si la tasa de mortalidad relacionada con el sida ha disminuido. Tampoco hay datos sobre la morbilidad debido al sida. ¿Cuánto ha descendido el número de hospitalizaciones por sida en nuestro país? ¿Y la frecuencia de enfermedades oportunistas?

Lo mismo se puede cuestionar en relación al gasto en prevención de infecciones por VIH. Desde el 2006 se han invertido en promedio 30 millones de pesos al año para financiar proyectos ejercidos por organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, se desconoce la eficacia y el impacto de dicha inversión porque los proyectos financiados no han sido nunca evaluados. ¿Qué actividades han demostrado su eficacia y cuáles no?

En materia de presupuesto para el VIH/sida, estamos a la mitad del camino. La rendición de cuentas de los recursos públicos ejercidos en ese rubro debería generar también la movilización de la sociedad civil. Monitorear el gasto público en tratamientos y prevención del VIH/sida es una necesidad que no puede soslayarse.